Caso ganado publicado en “El País”

AMENAZADOS DE DESAHUCIO POR UN “ERROR”

Un juez frena el desalojo de una familia denunciada por el banco pese a haber pagado la hipoteca – Los afectados acusan al director de la oficina de “mala fe”- El banco pagó otros créditos con el dinero de la hipoteca

Si no pagas la hipoteca, puede que te quedes sin casa. Si la pagas, puede que también. Es la desagradable sensación que se les ha quedado en el cuerpo al ex policía nacional Antonio Gómez y a la pensionista Leonor Iglesias, un matrimonio de El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) que ha estado “a punto, a punto”, dice ella, de perder el piso. En 2009, el banco Santander presentó una demanda de ejecución hipotecaria porque la pareja no había abonado, supuestamente, tres mensualidades. No era cierto: Antonio y Leonor habían pagado religiosamente (y con creces) sus cuotas. Pero el banco cometió un error, según ha reconocido ahora, dos años después, un juez.

Antonio, de 57 años, y Leonor, de 46, son padres de cinco hijos. Solo uno de ellos, adolescente, sigue viviendo bajo su techo: “Se puso muy triste cuando pensábamos que nos iban a echar del piso, porque aquí tiene sus amigos, su vida”, explica la mujer, que sufre ansiedad y toma pastillas desde que, en marzo de hace dos años, recibió un burofax del juzgado. “Fue una sorpresa. Fui al banco y el director de la oficina me dijo que no hiciera caso de aquello, que se había cometido un error. Y claro, no le di importancia”.

Sí la tenía. En septiembre llegó la demanda. “¿Cómo podía ser? ¡Si estaba todo pagado! El director ya no quiso ni recibirnos, decía que era cosa de la central”, sigue Leonor.Una funcionaria les advirtió de que la cosa era seria y de que iban a necesitar abogado. Cundió el pánico. La familia pratense se puso a buscar pisos de alquiler. “Yo lo veía todo muy negro: el banco es el banco y nosotros somos una mierdecilla”. El letrado José Antonio Alcalde logró que el juzgado suspendiese la ejecución de forma temporal en diciembre de 2009 y citase a las partes para una vista, que se ha celebrado casi dos años después.

Por suerte para ellos, Leonor guardó los recibos mensuales del banco. Esa documentación acredita, según el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de El Prat, los ingresos en la cuenta bancaria “designada para el pago del préstamo”. En su demanda, el Santander reclamó la suma de 212.574 de la hipoteca (más 31.500 de intereses) porque los afectados habían dejado de pagar las cuotas de marzo, abril y mayo de 2009.

En ese periodo, sin embargo, la familia pagó incluso una cantidad superior a los 600 euros mensuales. Pero el banco imputó esos pagos a un préstamo de garantía y al pago de una tarjeta. El auto señala que, si los hipotecados no lo dicen expresamente, el banco ha de “estimar satisfecha la deuda más onerosa del deudor entre las que estén vencidas”. En este caso, sigue la resolución, “no existe duda de que la deuda más gravosa es el préstamo hipotecario” y no los otros, cuya cuota ronda los 50 euros al mes.

La pareja vive en un piso ubicado en la céntrica avenida de la Verge de Montserrat. Aunque en 1997 pidieron una ampliación de la hipoteca para hacer reformas en el baño y la cocina -“estaban hechos polvo”, dice Leonor-, la pensión de ella y la jubilación de él les permiten afrontar la hipoteca sin ahogos.

El matrimonio aún no entiende bien lo que ha ocurrido. “Yo iba a pagar en mano cada mes. Si vieron algún problema, podrían habérmelo dicho antes de demandar”, explica Leonor. Por eso consideran que la sucursal actuó de mala fe. “El director del banco quería mi piso porque está muy bien situado, al lado del metro y del Ayuntamiento”. “Tiene todo cerca y el sol que le da es bueno, y la terraza, amplia”, confirma Antonio. “Me dijo que podría darle el piso como tuvo que hacer uno de mis hijos. Pero yo le contesté que iba a luchar por él hasta el final”.

El año pasado, la pareja se negó a pagar las cuotas. No se fiaban. “Cada mes he ido guardando 600 euros porque no me fiaba. ¿Y si volvían a decir que no les había pagado”, dice Leonor, que teme el recurso del banco al auto judicial. “Quizá nos van a obligar a seguir luchando, pero nosotros no lo hemos buscado”. La familia está sopesando emprender acciones legales conra el banco. “Mi mujer ha pasado noches llorando y mi hijo ha sufrido mucho. Han jugado con mi familia, lo hemos pasado muy mal”, lamenta Antonio.

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Amenazados/desahucio/error/elpepuespcat/20111110elpcat_4/Tes

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La incapacidad sobrevenida durante el proceso civil

 

I.- Cuestiones previas.

El órgano jurisdiccional, a la hora de admitir un escrito de demanda, deberá comprobar que se cumplan con los presupuestos procesales de la acción, entre los que – junto con la jurisdicción, competencia objetiva y territorial – figura el control de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal de las partes, es decir, la válida constitución de la relación jurídica procesal.

Tradicionalmente la Doctrina ha definido la capacidad para ser parte como aquella aptitud del sujeto de derecho para ser titular de las obligaciones, cargas y derechos que aparezcan a lo largo de un proceso, y la capacidad procesal como la aptitud del sujeto de derecho para realizar válidamente actos procesales. En la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se hacía expresa referencia a dichos conceptos – únicamente en su art. 2 se alude a la capacidad procesal o para comparecer en juicio – pues no lo creyeron necesario dado su paralelismo con los conceptos sustantivos de capacidad jurídica (o personalidad jurídica) y capacidad de obrar. Actualmente, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), regula ambos presupuestos procesales en sus arts. 6 y 7.

No cabe duda que el demandante deberá reunir los requisitos de capacidad y representación establecidos en los artículos anteriormente citados, en el momento de presentar la demanda, y el demandado en el momento de contestarla. Ahora bien, ¿qué ocurre si la capacidad procesal varía durante el proceso? Como veremos más adelante, los Tribunales dan diferentes soluciones a la especial situación que produce la pérdida de facultades volitivas y/o intelectuales que sufren las personas físicas a lo largo del proceso, causadas por enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas. Es lo que la doctrina y jurisprudencia denominan la “incapacidad sobrevenida”.

II.- Tratamiento procesal.

La nueva LEC dispone un mecanismo doble para el control de la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y un determinado momento para su apreciación. El control lo realizará el tribunal de oficio durante todo el procedimiento (art. 9), y a instancia de parte dependerá del tipo de juicio declarativo: en el juicio ordinario el demandado alegará la excepción procesal de falta de capacidad en la contestación a la demanda (art. 405.3), y el actor respecto del demandado en la audiencia previa tras el fallido intento de conciliación; en el juicio verbal el demandado lo alegará en el acto de la vista tras la ratificación del demandante en su escrito de demanda o tras su exposición de los fundamentos de lo que pida si se presentó la demanda de manera sucinta (art. 443.2), y el actor respecto del demandado, una vez oído éste sobre las alegaciones que a su derecho convengan (art. 443.3).

El órgano jurisdiccional, como ya hemos visto, deberá examinar en el momento de admisión de la demanda si el demandante reúne los requisitos de capacidad y representación necesarios para comparecer en juicio, al ser una cuestión procesal que imposibilita al juzgador entrar en el análisis de la cuestión de fondo debatida y que caso de su apreciación determinaría el sobreseimiento del proceso (art. 418). Al ser una cuestión procesal de orden público, es lógico que el tribunal pueda apreciar su carencia en cualquier momento del proceso, incluso en sentencia [1] (art. 9); pero ¿respecto a qué momento? es decir, ¿el órgano jurisdiccional únicamente tiene que controlar que las partes hayan tenido la capacidad suficiente en el momento de las alegaciones iniciales, o tiene también que controlar que dicha capacidad se mantenga durante todo el proceso [2]? y para considerar que una persona física no se encuentra en el pleno ejercicio de los derechos civiles ¿es necesaria una sentencia de incapacitación?

En el Auto nº 208/2006 de la Audiencia Provincial de Teruel, sección 1ª, de 18 de diciembre, el Tribunal entiende que la Ley Rituaria únicamente requiere que las partes tengan capacidad suficiente en la fase de alegaciones iniciales, y lo razona de esta manera:

El auto recurrido es un auto de terminación anormal del proceso, acordando el archivo de la causa, al haberse detectado el defecto de capacidad procesal de una de las codemandantes. Fundándose en los arts. 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el Juzgador se acuerda, al considerar insubsanable el defecto de capacidad detectado, el archivo del procedimiento. A tal decisión se opone la parte apelante y demandante por la vía de este recurso de apelación y, desde luego, a juicio de este Tribunal no le faltan razones. Entre ellas, que justifican la revocación de la decisión del Juzgador de Instancia, es que el supuesto de hecho de los preceptos legales en que descansa la decisión del juzgador de instancia, viene referida a la falta de capacidad de la parte y su falta de representación “ab initio”, no comprende el caso de la falta de capacidad sobrevenida. Prueba de ello, por lo que conviene al caso, es que, el defecto en cuestión, ha de ser detectado y alegado por la parte demandada después de presentada la demanda, pues ha de alegarse en la contestación y resolverse en el momento procesal oportuno, que no es otro que la Audiencia Previa. Ello no ha ocurrido en nuestro caso: la parte demandada no alegó la falta de capacidad de la codemandante en la contestación a la demanda ni alegó la excepción en la audiencia previa; por tanto, no se da el supuesto de hecho de la norma que se aplica para acordar el archivo de las actuaciones (…) Se trata de una cuestión de capacidad sobrevenida, sobre la que la Ley de Enjuiciamiento Civil, guarda silencio. Obviamente, porque la capacidad se requiere para los actos que determinan la relación jurídica procesal y una vez determinada dicha relación, estando completa la capacidad de obrar y procesal de las partes para dichos actos, a salvo la muerte que determina la desaparición del poder y del mandato (art. 16 LEC), un supuesto caso de incapacidad sobrevenida, no invalida ni genera de forma automática la falta de eficacia de la representación y mandato concedidos al Abogado y Procurador en estado de capacidad por el ahora “supuesto incapaz”, cuyo interés se haya conveniente representado y defendido por los profesionales que eligió.

En contra de este criterio, la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 12ª, en su Auto de 14 de marzo de 2002, ante un supuesto de incapacidad sobrevenida ocurrida en primera instancia, declara de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del momento de la declaración de incapacidad, ya que en aplicación del art. 8 LEC se debió suspender las actuaciones hasta la integración de la capacidad procesal – hasta que conste la intervención del organismo tutelar – siguiendo a partir de ese momento el procedimiento:

Como quiera que la sentencia firme de incapacitación de la actora es de fecha 12-1-2001 y de la misma se tuvo cabal conocimiento durante la tramitación del litigio en la primera instancia, debió procederse a la suspensión del curso de los autos para la integración de la capacidad procesal de la interesada, al objeto de propiciar la intervención del órgano tutelar que tuviera conferida la suplencia del defecto de capacidad, toda vez que sólo pueden comparecer en juicio las personas que estén en el pleno uso de sus derechos civiles (artículo 7.1 de la LECiv), bien mediante el requerimiento a quien haya sido nombrado tutor para que integre la capacidad, o para el nombramiento del Defensor Judicial, como expresamente prevé el artículo 8 de la Ley Procesal, además de arbitrar el traslado de la demanda al Ministerio Fiscal para que cumpla las funciones que legalmente tiene encomendadas [en virtud del art. 749.2 LEC, en los procesos especiales del Libro IV será preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, siempre que alguno de los interesados en el procedimiento sea incapacitado].

Esta misma solución es la que adoptó la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª, en su sentencia de 17 de abril de 2002, pero no aplicada a un supuesto de incapacidad sobrevenida, sino de “incapacidad originaria” (en el momento de presentar la demanda). En este caso una anciana afectada de demencia senil interpone una demanda de desahucio. El arrendatario alega la excepción de falta de capacidad, aportando un informe médico realizado en un proceso anterior entre las mismas partes. El órgano jurisdiccional entiende que:

La solución en este caso no puede ser la de desestimar sin más la demanda por la falta de legitimación [ad procesum] de la demandante, pues esta solución no se compagina con el deber de protección sobre el presunto incapaz que el artículo 203 del Código Civil atribuye, no sólo al Ministerio Fiscal, sino también al tribunal que conociera la existencia de una posible causa de incapacitación de cualquier persona. En estos casos es obligación del Juez o Tribunal poner los hechos en conocimiento del Fiscal para que solicite lo procedente sobre las medidas que hayan de adoptarse sobre el supuesto incapaz, y que normalmente será la de formular la correspondiente demanda de incapacitación. Pero también debe el Juzgador, conforme al artículo 203, adoptar las correspondientes medias de protección en el curso del proceso en el que haya tenido noticia de la incapacidad de alguna de las partes, y ello con la finalidad e que sus intereses y derechos se vean convenientemente defendidos, lo que no se consigue desde luego dictando una sentencia que pone fin al procedimiento dejando imprejuzgada la acción ejercitada o defendida hasta tanto se promueva una nueva demanda con el incapaz convenientemente representado. En este supuesto la actual LEC 1/2000 establece en su artículo 8 que la integración de la capacidad del presunto incapaz se hará en el curso del mismo procedimiento con el nombramiento de un defensor judicial, que asumirá la representación y defensa de este hasta que se designe a la persona que legalmente la represente. Esta solución es posible también adoptarla al amparo del artículo 299.2 del Código Civil, y, por tanto, también conforme a la legislación procesal anterior, que prevé el nombramiento de defensor judicial en el supuesto de que el tutor o el curador no desempeñare sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo. Dentro de este supuesto amplio de que no exista tutor o curador que desempeñe sus funciones está el de que estos no existan precisamente por no haber sido nombrados todavía, lo que debiera de haber llevado al Juzgador suspender el curso del proceso hasta tanto se designe dicho defensor judicial, abriendo para ello pieza separada, y por el procedimiento de jurisdicción voluntaria que contempla el artículo 300 CC.

En caso de que el órgano jurisdiccional apreciase algún defecto en la capacidad y representación de alguna de las partes, dispone el art. 418 que si estos defectos son subsanables o susceptibles de corrección, se podrán subsanar o corregir en el acto, y si no fuese posible en ese momento, se concederá para ello un plazo, no superior a diez días, con suspensión, entre tanto, de la audiencia. Cuando el defecto o falta no sean subsanables ni corregibles o no se subsanen o corrijan en el plazo concedido se dará por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso (salvo que el defecto no subsanado afectase a la personación en forma del demandado) [3] .

Utilizando la terminología empleada por el Código Civil, cuando una persona física sufra una enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico o psíquico que le impida gobernarse por sí misma (art. 200 CC), durante la sustanciación de un proceso – con posterioridad a la presentación de la demanda –, el poder otorgado a comienzo del proceso a favor del Procurador así como el nombramiento del Letrado se mantendrán eficaces hasta que posteriormente sean ratificados o revocados por el tutor. Así lo declara la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, en su sentencia de fecha 23 de noviembre de 2001:

Siendo esta preferente para tal cometido al Ministerio Fiscal, que evidentemente debía intervenir en el procedimiento y en la vista al haber menores de edad e, incluso, asumiendo la defensa del incapaz, hasta el nombramiento del tutor, pero en modo alguno asumir la representación y defensa del incapaz en la vista, desplazando a los que, en su día, fueron designados por D. Alfonso en perfecto estado de capacidad mental. Pudiera ocurrir que el tutor designado confiera poder a otras personas, pero hasta tanto tal cosa ocurra subsiste una expectativa de poder de representación a favor de los citados, que deberá ser ratificado por el tutor o, en su caso, revocado.

Otra cuestión que se apuntaba al comienzo de este escrito y que se suele plantear en la práctica es la relativa a si para considerar que una persona física no se encuentra en el pleno ejercicio de los derechos civiles es necesaria una sentencia dictada en un procedimiento de incapacidad, o si por el contrario, no es necesaria dicha declaración para considerar que no tiene capacidad procesal suficiente a efectos del art. 7 LEC.

En la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005, dictada por la Audiencia Provincial de Palencia, sección 1ª, se conoce del recurso frente a una sentencia por la que en primera instancia se desestimó la demanda interpuesta por entender la existencia de falta de capacidad del actor, dejando imprejuzgada la cuestión. El juzgador “a quo” alude en su sentencia a que en la tramitación del procedimiento se detectó la posible deficiencia en el actor, lo que motivó la práctica de prueba en diligencia final acordada, en la que el médico forense informó de la posible incapacidad intelectiva y volitiva del actor, y a su amparo, entiende que el actor carece de legitimación procesal para intervenir en juicio y por ello dicta la sentencia recurrida.

El Tribunal anula tal resolución, al considerar que: …lo que aparece es que el recurrente ni en el momento de presentar la demanda ni en el de dictar sentencia, estaba incapacitado judicialmente, entre otras cosas porque no se solicitó en ningún momento la declaración de incapacidad; que por tanto estaba en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y por ello tenía la plena legitimación procesal para el ejercicio de la acción y debió de ser resuelta la ejercitada en la demanda desestimada (…) sin perjuicio de que el Juzgador “a quo”, haciendo uso de lo establecido en el apartado 3º del Artículo 757 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, pueda poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, si así lo considera conveniente, la situación de D. Carlos Francisco para que por el Ministerio Público se proceda conforme a derecho. Se debe de insistir en que precisamente porque no hay una declaración de incapacidad declarada, D. Carlos Francisco está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y otra cosa será si en razón a sus circunstancias físicas o mentales pueda tener alguna merma en su capacidad de obrar, que en modo alguno puede ser declarada ni directa ni indirectamente en la sentencia que ponga fin al procedimiento de que dimana el presente Rollo de Sala Es cierto que el Artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que la falta de capacidad para ser parte, y la falta de capacidad procesal podrá ser apreciada en juicio por el Tribunal en cualquier momento del proceso, pero debe recordarse que D. Carlos Francisco tiene capacidad para ser parte, y que la capacidad procesal en tanto en cuanto no se produzca la incapacitación, también la ostenta. No se debe confundir la falta de capacidad de obrar con la falta de capacidad procesal, aunque estén en íntima relación, pues la carencia de capacidad procesal puede venir determinada por la falta o carencia de capacidad de obrar, que previamente tiene que ser declarada en sentencia firme, y hasta tal punto es así que como bien se dice en el escrito de interposición de recurso de apelación, de encontrarnos en un procedimiento de incapacidad, el ahora recurrente D. Carlos Francisco hubiere podido comparecer en su propio nombre y derecho, precisamente porque el Legislador le entiende con capacidad procesal en tanto en cuanto no se acredite su falta de capacidad de obrar mediante la prueba pertinente en procedimiento adecuado, para que así se determine en sentencia judicial.

Así también lo entiende la Audiencia Provincial de Las Palmas, sección 5ª, en su Auto de 20 de abril de 2004:

La capacidad de obrar del mayor de edad no incapacitado se presume siempre, y por ello no bastan los indicios a los que la parte alude para entender que D. Gaspar no es capaz de regir sus actos ni lo era al tiempo del otorgamiento del poder o de presentación de la demanda de ejecución, sino que se precisa una sentencia judicial que declare esta incapacidad, o resultar la misma de forma inequívoca de pruebas bastantes.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Barcelona, secc. 4ª, en la sentencia de 28 de marzo de 2008 conoce de un caso en el que la actora padece demencia senil desde hace dos años, y sin embargo le reconoce capacidad procesal dado que no ha sido incapacitada judicialmente, pues:

La jurisprudencia es constante en cuanto afirma que, siendo la incapacitación una excepción al principio general de la plena capacidad de la persona, nadie puede ser declarado incapaz, como expresa el artículo 199 del Código Civil, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley. (…) Es cierto que el artículo 9 de la L.E.C. dice que la falta de capacidad para ser parte, y la falta de capacidad procesal podrá ser apreciada en juicio por el Tribunal en cualquier momento del proceso, pero debe recordarse que Dña. Lorenza tiene capacidad para ser parte, y que la capacidad procesal en tanto en cuanto no se produzca la incapacitación, también la ostenta.

Sin embargo, hay otra jurisprudencia menor que entiende lo contrario, que no se requiere una declaración de incapacidad realizada tras un procedimiento de incapacitación, si bien la carga de la prueba recae sobre quien la sostenga, siendo necesaria una actividad probatoria convincente, y que destruya la presunción de capacidad de las personas, con apoyo en sentencias del Tribunal Supremo.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Baleares, sección 5ª, en su sentencia de 13 de julio de 2000:

Para apreciar la carencia de tal capacidad no es necesario que se haya declarado judicialmente la incapacidad del interesado; sin embargo, debe recordarse que como acertadamente pone de manifiesto la STS de 30 de enero de 1995 invocada por la misma recurrente, “la parte demandada que ha puesto en cuestión la falta de personalidad de la demandante por no tener la capacidad de obrar necesaria para actuar como sujeto de la relación jurídica procesal, tiene la carga procesal de probar la realidad de que la demandante no puede realizar actos procesales válidos y las posibles dudas que puedan surgir necesariamente deben beneficiar a la demandante, a tenor de la presunción de capacidad del que no ha sido declarado judicialmente incapaz.

En esta tesis también se posiciona la Audiencia Provincial de Cádiz, sección 8ª, en su Auto de 20 abril de 2004, con cita de jurisprudencia:

Es cierto que en el presente caso el actor no está incapacitado por resolución judicial alguna, pero debe señalarse que para apreciar la falta de capacidad del actor, no se requiere necesariamente un juicio previo de incapacitación y así lo ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo 37/1995 de 30 de enero de 1995 al decir que “por una parte, no cabe estimar violado por la resolución recurrida, cuando apreció la incapacidad del actor para realizar actos procesales, el artículo 199 del Código Civil, toda vez que para apreciar la carencia de tal capacidad no es preciso que se haya declarado judicialmente la incapacidad del interesado, por otra, y aún partiendo de la premisa de la presunción de capacidad del actor, en los autos se ha acreditado, y así lo recoge la sentencia recurrida, la falta de capacidad del actor”. En el mismo sentido, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Ávila de 25 de febrero de 1999 y de la Audiencia Provincial de Cuenca de 12 de enero de 1994. [4]

III.- Conclusión.

Hemos visto que la LEC establece un sistema doble – de oficio y a instancia de parte – de control de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal, que por el momento que establece para alegar su carencia mediante excepción procesal, hace pensar en la capacidad de las partes en el momento de las alegaciones iniciales, soslayando el problema de la incapacidad sobrevenida.

A esta cuestión hemos visto que las Audiencias Provinciales aplican diferentes soluciones: 1) acordando que el procedimiento siga su curso, por no afectar a la relación procesal válidamente constituida al comienzo del procedimiento, limitándose a dar traslado al Ministerio Fiscal para que en su caso promueva un procedimiento de incapacidad; 2) suspendiendo el curso de los autos para dar lugar a la integración de la capacidad procesal, hasta que conste la intervención del organismo tutelar; y finalmente, 3) dictar auto de finalización del proceso, sin entrar a conocer sobre el fondo de la pretensión ejercitada y acordando el archivo de las actuaciones, en virtud del art. 418 LEC. A modo de reflexión final, una vez vistas las diversas resoluciones que han tratado sobre el asunto de la capacidad procesal, podría parecer que la LEC plantea al respecto las dudas suficientes como para que cada caso pueda evaluarse por separado, empleando el juzgador una interpretación “sui generis” de la Ley Rituaria en aras de satisfacer el sentido de justicia, y evitar que se conculque el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en personas físicas que padecen una enfermedad o deficiencia en el grado que sea, y queden desamparadas o indefensas ante una alegación de falta de capacidad, que de tener éxito, produciría un grave perjuicio al presunto incapaz. En palabras de la Audiencia Provincial de Palencia, sección 1ª, Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2005 (Pnte.: Ilmo. Sr. D. Mauricio Bugidos San José):

A mayor abundamiento piénsese en el perjuicio que podría irrogarse al actor, que en principio no podría volver a ejercitar la acción en tanto en cuanto no se dictase sentencia que le declarase la incapacidad o que le entendiese plenamente capaz, sentencia que habría de nacer de un procedimiento que no se le puede obligar a instar, y que en principio y desconociéndose que vinculaciones familiares pueda tener, pudiera que no existieran personas tampoco para ejercitar tal acción; y no lo podría hacer el Ministerio Fiscal, al que ni siquiera en sentencia se acuerda que se de traslado o se ponga en conocimiento de la situación del actor.

Notas: 

[1] “La capacidad procesal se ha de tener al inicio del proceso y durante todo él”, CORTÉS Domínguez, V., GIMENO Sendra, V., MORENO Catena,V.,“Derecho Procesal Civil, Parte General”, Editorial Colex, 2001, pág. 95.

[2] Por su propia naturaleza, la falta de capacidad para ser parte no es subsanable; o se tiene capacidad o se carece de ella, pero no resulta posible su adquisición durante el desarrollo del proceso; por regla general, cuando se alude a la suplencia o a la subsanación de la capacidad para ser parte no se está haciendo referencia a problemas derivados o relacionados con este tipo de capacidad, sino más bien a cuestiones que atañen a la capacidad procesal y, en especial, a la representación.” CORTÉS Domínguez, V., GIMENO Sendra, V., MORENO Catena,V.,  “Derecho Procesal Civil, …”, op. cit, pág. 91.

[3] “la capacidad para ser parte constituye un presupuesto procesal, de carácter absoluto e insubsanable, del que depende la válida constitución de la relación jurídica procesal, cuya naturaleza de orden público determina que su falta sea apreciable de oficio en cualquier momento procesal (STS 23 septiembre 2002, STS Sala 1ª de 23 septiembre 2002), como así lo dispone expresamente el art. 9 dela LEC, de modo que en absoluto cabe excluir su apreciación en la sentencia, por más que lo deseable sea que el control de la falta de capacidad de las partes se ejerza con anterioridad, en el trámite de admisión de la demanda, en la audiencia previa al juicio ordinario (art. 416.1-1ª y 418.2 LEC), o en la vista del juicio verbal (art. 443.2 LEC)” –  Sentencia AP A Coruña, sección 5ª, de 13 de enero de 2011.

[4] El Tribunal Supremo sin embargo ha adoptado ambas posturas a lo largo del tiempo, así por ejemplo, en la sentencia de 2 de abril de 2003, nº 315/2003 (Pnte.: Excmo. Sr. D. Luís Martínez-Calcerreda Gómez):

…ha de subrayarse que, esos alegatos no son de recibo, porque, como es sabido, esa ineptitud jurídica proviene en todo caso, de una declaración expresa y formal de incapacitación judicial, en los términos del art. 199 CC, de tal modo que, por su sentido restrictivo de personalidad en su proyección actuatoria, su alcance o entendimiento ha de hacerse con sentido estricto o, en otras palabras, que en tanto no exista esa incapacitación “ope sententiae”, la persona cuestionada es capaz.”

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Aumentan un 36% los deshaucios y un 10% los concursos de acreedores hasta marzo

Durante el primer trimestre del año ha aumentado en un 36,9 por ciento el número de deshaucios y en un 10,9 por ciento la cantidad de concursos de acreedores.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detectado que durante el primer trimestre del año ha aumentado en un 36,9 por ciento el número de deshaucios y en un 10,9 por ciento la cantidad de concursos de acreedores presentados ante los órganos judiciales, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los juzgados y tribunales españoles han tramitado 30.444 asuntos por despidos, 43.183 por reclamaciones de cantidad, 2.109 relacionados con concursos y 15.491 lanzamientos judiciales desde enero hasta marzo, lo que supuso un ligero incremento en relación con los últimos meses de 2010. El informe ‘La Justicia dato a dato’ correspondiente al año 2010 refleja que los Juzgados de lo Mercantil estudiaron 2.109 litigios relacionados con concursos de acreedores, los cuales sufrieron un incremento del 10,9 por ciento respecto al primer trimestre de 2010.

A pesar de la crisis económica, las reclamaciones de cantidad han descendido en un 12, 7 por ciento, según los datos recabados por el órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, los pleitos relativos a ejecuciones hipotecarias y a procesos monitorios descendieron levemente respecto a los tres primeros meses del año anterior, situándose en 21.787 y en 229.334, respectivamente. En concreto, las ejecuciones hipotecarias cayeron en un 21,1 por ciento y los procesos monitorios un 10,3 por ciento.

Durante la presentación de esta memoria en la sede del CGPJ, la portavoz de este órgano, Gabriela Bravo, ha destacado la “loable rapidez” con la que los órdenes de lo Civil y lo Social han resuelto estos procedimientos y ha subrayado el “repunte” detectado en la cantidad de despidos en comparación con los últimos meses de 2010.

Tasa de litigiosidad
Acompañada de los vocales delegados para la Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado, la portavoz del CGPJ ha puesto de manifiesto que Andalucía, Madrid, las Islas Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayores tasas de litigiosidad, llegando a alcanzar los 200 asuntos por cada mil habitantes.

En el otro extremo se sitúa el País Vasco y La Rioja, cuyo índice de litigiosidad se sitúa por debajo de la media nacional que alcanza los 199 asuntos por cada mil habitantes, lo que representa un descenso del 2,8 por ciento menos que en 2009. “En 2010 descendió, por primera vez en los últimos años, el número de asuntos llegados a los juzgados y tribunales españoles”, ha señalado Gabriela Bravo, que ha explicado que España destinó un 0,38 por ciento de su PIB a la Administración de Justicia durante 2010 y dedicó 86 euros por habitante en esta materia.

En 2010, los jueces y magistrados resolvieron un total de 9.217.395 asuntos, un 0,7 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, las causas que han ingresado en sus órganos han descendido en un 2,2 por ciento. Para el vocal Miguel Carmona, antes se litigaba “más de lo necesario” y ahora se recurre a otras vías como puede ser el arbitraje o la mediación para la resolución de los conflictos.

En términos cuantitativos, Gabriela Bravo ha expuesto que la duración media de los procedimientos en la primera instancia alcanza los 4 meses, los 5 meses en la segunda instancia mientras que en el Tribunal Supremo llega hasta los 12 meses. Además, ha remarcado que el 94 por ciento de las resoluciones recurridas son confirmadas por órganos superiores.

Desde el CGPJ, han instado a los partidos a aumentar las partidas destinadas a la Administración de Justicia y redoblar los medios materiales y personales para corregir las “deficiencias históricas” que sufre este servicio público.

Fuente: diario “La Razón”, 6 de junio de 2011, edición digital. http://www.larazon.es/noticia/6924-aumentan-un-36-los-deshaucios-y-un-10-los-concursos-de-acreedores-hasta-marzo

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La interpretación jurisprudencial del art. 400 LEC

 

I.- Breves consideraciones sobre la cosa juzgada

Cuando se habla de cosa juzgada se distinguen dos sentidos: como el especial estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o cuestiones por haber sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso (se ha dicho una resolución con fuerza o autoridad de cosa juzgada formal), o como los efectos de determinadas resoluciones judiciales consistentes en una precisa y determinada fuerza de vincular en otros procesos a cualesquiera órganos jurisdiccionales respecto del contenido de estas resoluciones (cosa juzgada material, con su efecto positivo-prejudicial o efecto negativo-excluyente)[i].

El fundamento de esta institución procesal es triple: evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; que el demandado no pueda ser nuevamente enjuiciado de algo de lo que ya fue en su momento (non bis in idem); y preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias, generándose sucesivas resoluciones sobre idéntica problemática.

Estrechamente vinculada a la cosa juzgada se encuentra la litispendencia. Ambas son excepciones procesales que persiguen la misma finalidad y producen el mismo efecto – que lo juzgado no pueda ser nuevamente discutido en un proceso posterior –, produciendo el sobreseimiento del proceso, en caso de advertirlo el tribunal (art. 421.1 LEC).

Que nos encontremos ante una u otra dependerá del momento en que se aprecie: litispendencia, si en el primer proceso todavía no ha recaído sentencia firme, cosa juzgada en caso contrario. Esta idéntica naturaleza justifica la denominación de “institución preventiva o cautelar de la cosa juzgada” con que el Tribunal Supremo ha tildado a la litispendencia[ii].

Ambas excepciones procesales podrán ser advertidas por el juzgador de oficio[iii] o el demandado las podrá alegar en el momento procesal oportuno (art. 416.1.2ª LEC).

Centrándonos en el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, para que se produzca en un ulterior proceso, es decir, para que un segundo órgano jurisdiccional no pueda entrar a conocer de un asunto que le es planteado por entender que ya ha sido objeto de enjuiciamiento en un pleito anterior,la LECpreceptúa que el objeto de ambos procesos sea idéntico (art. 222.1 dela LEC), lo quela Jurisprudenciadenomina “identidad sustancial”.

Para su observancia, es necesaria la concurrencia de tres identidades: personas, cosas y causa de pedir (sujetos, petitum y causa petendi); concurrencia que debe ser apreciada a través de un juicio comparativo entre el objeto del primer proceso en que recayó sentencia firme y el objeto del segundo proceso susceptible de ser alcanzado por los efectos de la cosa juzgada.

Finalmente cabe añadir que la cosa juzgada material alcanza a las pretensiones de la demanda, de la reconvención y respecto a las pretensiones reconvencionales de compensación de cantidades y nulidad de negocios jurídicos (art.222.1 LEC).

II.- El art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su interpretación por las AAPP

Sabedor de la importancia de la figura de la cosa juzgada como garante de la seguridad jurídica y de protección de los derechos, el legislador del 2000 haintroducido un nuevo capítulo a la cosa juzgada, al establecer en el primer apartado del art. 400 la obligación del demandante de alegar en su escrito de demanda –  o del demandado reconveniente en su demanda reconvencional – todos los hechos, fundamentos o títulos jurídicos que resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible su alegación para un proceso ulterior.

Añadiendo en su apartado segundo, que a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.

El Legislador justifica esta norma en la exposición de motivos (VIII) tras señalar que “el objeto del proceso civil es asunto con diversas facetas, todas ellas de gran importancia, en relación al cual son conocidas las polémicas doctrinales y las distintas teorías y posiciones acogidas en la jurisprudencia y en los trabajos científicos, estableciendo que se parte aquí de dos criterios inspiradores: por un lado, la necesidad de seguridad jurídica y, por otro, la escasa justificación de someter a los mismos justiciables a diferentes procesos y de provocar la correspondiente actividad de los órganos jurisdiccionales, cuando la cuestión o asunto litigioso razonablemente puede zanjarse en uno solo. Con estos criterios, que han de armonizarse con la plenitud de las garantías procesales, la presente Ley, entre otras disposiciones, establece una regla de preclusión de alegaciones de hechos y de fundamentos jurídicos, que se inspiran en una sólida y consolidada jurisprudencia y en la doctrina”.

En definitiva, la nueva LEC viene a confirmar y regular positivamente algo que la Jurisprudenciay la doctrina habían establecido anteriormente: que la cosa juzgada abarca tanto lo deducido como lo deducible en un proceso[iv]. De lo que se infiere necesariamente la carga del accionante de “verter” o “agotar” en su escrito de demanda o de reconvención todos los hechos, fundamentos o títulos jurídicos que conozca o pueda conocer en el momento de su interposición, so pena de precluirle la oportunidad procesal de alegarlos.

Como ejemplo paradigmático de lo hasta aquí dicho, el Auto dela Audiencia Provincialde Madrid nº 215/2006, sección 10, de 18 de mayo, nº de recurso 846/2005 (Pnte: Angel Vicente Illescas Rus), en el que se conoce del recurso de apelación planteado por un letrado en reclamación de sus honorarios a un cliente.

En un pleito anterior entre las mismas partes, el letrado había reclamado de su cliente sus honorarios en base al pacto de “cuota litis”. El juzgado desestimó la demanda al considerar nulo dicho pacto. Por ello, el letrado insta un nuevo proceso en el que reclama sus honorarios en base al baremo orientador del Colegio de Abogados. Y en este proceso el juzgado de primera instancia dicta auto de sobreseimiento al apreciarse, entre otras excepciones, la excepción de cosa juzgada. Del recurso sobre este auto se pronunciala Audiencia, la cual desestima el recurso por entender que concurre la triple identidad de elementos entre la acción ejercitada con anterioridad:

“FJ 4º: (..) mal puede sostenerse que no concurre la triple identidad de referencia entre el proceso sustanciado con anterioridad y el presente. La pretensión ejercitada se orienta a la percepción de honorarios por el trabajo profesional realizado; y es indiferente a propósito de la causa petendi de uno y otro procedimiento que en aquél se afirmara la existencia de un convenio y en el presente se postule el cobro de acuerdo con las normas orientadoras: La pretensión es idéntica.”

En un idéntico sentido se pronunciala Audiencia Provincialde Barcelona (secc.4ª), en el Auto nº 177/2005, de 15 de noviembre, nº rec. 594/2005 (Pnte. Mireia Ríos Enrich). Conoce del recurso de apelación frente al auto de sobreseimiento dictado en primera instancia al apreciar cosa juzgada. Los demandantes reclamaban una indemnización a una discoteca, en base a la responsabilidad aquiliana del art. 1902 CC, cuando anteriormente la habían reclamado en base a la vulneración del derecho al honor del artículo 7 dela LO1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.

La consecuencia es la misma: en virtud del art. 400.2 LEC, el actor debió alegar en el primer pleito todas las fundamentaciones jurídicas en que basaba su reclamación. Al haber accionado anteriormente en base a una intromisión ilegítima dela LO1/1982 de 5 de mayo, en un pleito posterior no podía fundamentar su reclamación en la responsabilidad aquiliana del art.1902 CC, pues a efectos de cosa juzgada el objeto de ambos procesos es el mismo (art. 400.2).

FJ 4º:  “A la luz de lo expuesto se evidencia que la rigidez de la preclusión es de gran consideración, por lo que el que pretenda interponer una demanda, con una pretensión u objeto determinado, deberá calibrar bien todas sus posibilidades, para no verse impedido posteriormente de ejercitar derechos que pudieren corresponderle. Ahora bien, entendemos que los hechos que sirven de base a la demanda en ejercicio de acción por vulneración del derecho de honor en el que como consecuencia de la intromisión ilegítima se reclamaba por daño moral la suma de 3.000.000 de pesetas, y la reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad civil ex delicto derivada de la falta de injurias en la que se reclama una indemnización de 19.800 euros, por los mismos hechos enjuiciados en la jurisdicción penal y por los que se condenó al demandado por una falta de injurias, podían haberse ejercitado conjuntamente en un mismo procedimiento[v].”

Pero existen Audiencias que van más allá, y consideran que, en base a este mismo art. 400.2, el actor no sólo debe alegar todas las fundamentaciones jurídicas que sostengan sus pretensiones, sino que también está obligado a formular todas las pretensiones que ostente contra el demandado, so pena de afectarles la cosa juzgada material en caso de reservárselas para un ulterior proceso.

Por ejemplo la sentencia dela Audiencia Provincialde Islas Baleares, nº 395/2006 (Secc. 3), de 21 septiembre, Recurso de Apelación nº 438/2006 (Pnte: Guillermo Rosselló Llaneras).

Considera que si en un pleito anterior el actor reclamó al promotor una indemnización por incumplimiento contractual (entrega de garaje con menor cabida), posteriormente no podía reclamar en otro pleito otra indemnización por la menor cabida de la vivienda anexa, pues los datos ya los conocía en el momento de interponer la primera demanda:

FJ 3º: “En justa aplicación de la anterior doctrina al caso deviene indiscutible la existencia de la cosa juzgada por cuanto falta a la verdad la parte demandante al afirmar que tuvo conocimiento de la menor cabida de la vivienda y aparcamiento en fase de prueba del anterior proceso -no se discute la identidad subjetivo y causa de pedir-, cuando lo cierto es que para la elaboración del informe pericial de parte acompañado con la primera demanda ya tenía pleno conocimiento de la cabida real de la vivienda y aparcamiento al hacer uso el perito de los planos definitivos del proyecto en los que constaban las medidas reales de los que fue objeto de la compraventa, pudiendo perfectamente deducir la pretensión de indemnización por entrega de menor cabida de los mismos en el anterior pleito y no sólo limitarlo a la del porche, y de ahí que las pretensiones ahora actuadas se hallen cubiertas por la cosa juzgada.”

Yla Sentenciade la Audiencia Provincial de Pontevedra nº 392/2006 (Sección 6), de 30 junio, Recurso nº 5215/2005 (Pnte: Magdalena Fernández Soto), en la que se declara que el actor cuando presentó acción declarativa de dominio con la pretensión de que los demandados no puedan realizar en el camino de cuatro metros acto alguno que pueda significar la reducción del linde de propiedad de los actores, debió haberles exigido también que retiraran el galpón que habían construido, no pudiéndolo solicitar posteriormente:

FJ 2º:  “Las pretensiones ejercitadas en el anterior procedimiento y la de derribo ejercitada en el actual, necesariamente están vinculadas entre sí y que por el sólo interés de la parte ahora apelante se fragmentaron, en este sentido no nos cabe duda que el derribo del galpón era una cuestión deducible y no deducida en el proceso anterior al existir, como ya se adelantó, entre ella y el objeto de aquel pleito un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado, como ya recogían las STS de 28 febrero 1991 y 30 de julio 1996, postulado explícitamente regulado en el actual art. 400 LEC y que nos lleva a la confirmación de la sentencia de instancia y al rechazo del recurso.”

Ola Sentenciadela Audiencia Provincialde Madrid nº 603/2006 (Secc. 12), de 26 septiembre, Recurso de Apelación nº 745/2005 (Pnte: María de los Angeles Rodríguez Alique): el actor (antiguo arrendatario) tras la resolución del contrato reclamó al demandado (antiguo arrendador) una indemnización en concepto de daños y perjuicios por los gastos efectuados en el local para adecuarlo a la explotación de un estudio de grabación de sonido, debió también haber solicitado la devolución de la fianza puesto que ambas pretensiones son de reclamación de cantidad y las dos nacen de un mismo título: el contrato de arrendamiento suscrito por las partes.

FJ 3º: “es de tener en cuenta lo que establece el art. 400 dela Leyde Enjuiciamiento Civil, que obliga al demandante a la exhaustividad,  a acumular en la demanda todas las causas de pedir, entendiendo por tales los hechos jurídicos que fundamentan sus pretensiones. Así se encarga de señalarlo el art. 222.2 al referirse a los límites objetivos de la cosa juzgada”.

Frente a esta interpretación se alzan otros Tribunales, que consideran que lo que pretende el art. 400 no es tanto que el actor agote todas las acciones que “posea” frente a los mismos sujetos demandados, sino que agote todos los fundamentos fácticos y jurídicos en que base su acción, pudiendo en consecuencia “reservarse” acciones.

Por ejemplo,la Sentenciadela Audiencia Provincialde Barcelona (secc.1ª), de 11 de octubre de 2002, Recurso de Apelación nº 440/2001 (Pte.: Antonio Pascual Nuño dela Rosa Amores), que no aprecia cosa juzgada cuando anteriormente se había ejercitado la acción declarativa de dominio con condena de entrega de la vivienda, y posteriormente se reclama una indemnización por la desposesión:

FJ 2º:  “Cierto que se da la identidad personal y objetiva. Pero varía la causa petendi ya que en el anterior procedimiento se ejercita una mera acción revindicatoria y en el presente una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios que ha supuesto para los apelados Sres. Ángel – Elsa la privación de una habitación de unos31 m2por más de nueve años”.

O el Auto dela Audiencia Provincialde Barcelona  nº 32/2005 (Secc. 14ª), de 2 de marzo, Recurso de Apelación nº 556/2004 (Pte: Francisco Javier Pereda Gámez), en el que en la primera demanda se solicitaba la nulidad del testamento por incapacidad de la testadora, y posteriormente el actor pretende (firme la validez del testamento) la nulidad de la cláusula primera del testamento, de desheredación, con base en el art. 372 del Código de Sucesiones.

FJ 1º:  “Es evidente por tanto que la “causa petendi” es distinta aunque persista el motivo por el que el actor litiga (su pérdida de derechos en la herencia de su madre). En el primer pleito se buscaba “lo más” (el reconocimiento de los derechos hereditarios del Sr. Salvador mediante la nulidad del testamento, con correlativo llamamiento ab intestato como heredero) y aquí se pretende “lo menos” (el respeto de la legítima). El sentido de ambas acciones no es el mismo ni la estructura coincide (en aquel primer pleito la carga de la prueba correspondía al actor y aquí corresponde a los herederos). Es fundamental el hecho de que aquí se arguya un fundamento de derecho distinto (art. 372 CS frente a 104 CS), lo que altera la identidad causal no siendo aplicable al caso el sentido y alcance de la cosa juzgada (art. 222 LEC)”.

Entrando en supuestos concretos, si el actor fracciona la cantidad reclamada – por ejemplo, en un proceso solicita el 75 % y se reserva el otro 25 %  para ejercitarlo posteriormente – el actor corre el peligro de que le precluya la posibilidad de accionar por las cantidades pendientes. Enla Sentenciadela Audiencia Provincialde Valladolid nº 358/2006 (Secc. 1), de 27 noviembre, Recurso de Apelación nº 306/2006 (Pnte: Francisco Salinero Román), se le niega al actor que  posteriormente pueda reclamar mayor cantidad frente al mismo demandado, cuando pudo haber acumulado su nueva reclamación antes de la contestación de la demanda:

FJ 1º: “La delimitación de la cosa juzgada, a efectos de su vinculación en otro proceso para excluirlo, alcanza no sólo a lo sentenciado expresamente, por haber sido alegado por las partes, sino también a lo que las partes pudieron y debieron haber alegado sin que sea admisible provocar una sucesión de procesos con la consiguiente inseguridad jurídica que se deriva de esa postura cuando en uno sólo se pudieron dilucidar todas las diferencias existentes entre las partes, máxime si como es el caso esas diferencias tienen el mismo origen e idéntica causa, pues la eficacia de la cosa juzgada se despliega cuando los litigantes aducen argumentos o razones que no esgrimieron en el primer proceso, pero que ya existían en la fecha de la interpelación judicial o se produjeron en el curso del proceso en momento idóneo para hacerlo evitando la duplicidad de procesos.

(…)Es cierto como afirma la parte recurrente que la ampliación es una facultad del actor, como se deduce del vocablo “podrá” que recoge el art. 401. No es obligatorio pedirla pero si no se hace el efecto es la aplicación del art. 400 que establece la preclusión de alegar hechos y fundamentos jurídicos que se pudieron hacer en el proceso anterior con la consecuencia de considerar existente la cosa juzgada.”

En tema de arrendamientos la existencia de criterios contrapuestos referentes al alcance del art. 400 se observa con mayor facilidad en la posibilidad de alegar una o varias causas de resolución de los contratos de arrendamiento.

Segúnla Sentenciade la Audiencia Provincial de Girona nº 136/2004 (Secc. 2ª), de 14 abril, Recurso nº 112/2004 (Pnte: Joaquim Miquel Fernandez Font), el arrendador accionante no puede solicitar la resolución del contrato de arrendamiento por expiración del plazo, cuando en un pleito anterior solicitó también la resolución, pero por otras causas, ya que:

“a la fecha de la presentación de la primera demanda, 30 de septiembre de 2.001, la demandante podía plantear perfectamente la cuestión relativa a la fecha de expiración del contrato. A lo anterior no obsta que el objeto de dicho proceso fuera el de obtener la resolución contractual por jubilación del arrendatario o por cesión inconsentida del local. Nada impedía que, como pretensión alternativa o subsidiaria, se pidiera la resolución del mismo por expiración del término contractual una vez llegado éste, cuya exacta determinación podría haber fijado la sentencia que pusiera fin al pleito anterior, pacificando una cuestión discutida y evitando un nuevo litigio sobre este concreto punto” (FJ 3º).

En contra,la Sentenciade la Audiencia Provincial de  Barcelona nº 625/2004 (Secc. 4ª), de 3 noviembre, Recurso nº 316/2004 (Pnte: Vicente Conca Pérez) que permite al actor arrendador solicitar posteriormente la resolución del contrato por causa de necesidad, aunque anteriormente haya interpuesto demanda de resolución del contrato de arrendamiento por su no uso:

FJ 2º: “Ante todo, debemos destacar que el número 2º de dicho artículo está directamente relacionado con el 1º del mismo artículo, según resulta de su frase inicial: ‘de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior…’, y en el primer apartado se limita su postulado a ‘lo que se pida en la demanda’. Cierto que según la tesis que se adopte sobre la determinación del objeto del proceso la conclusión puede variar, pero entendemos que el precepto no obliga a ejercitar todas las acciones que puedan derivarse de una relación jurídica sino sólo a incorporar todos aquellos hechos y fundamentos relacionados con la acción ejercitada. Cuando el título de pedir cambia y los hechos que fundamentan los sucesivos títulos son distintos (nada tienen que ver los hechos que sirven de base a un no uso y a una necesidad) no podemos extender los efectos del artículo 400 hasta ese extremo. Entendemos que lo que la ley busca es el agotamiento de la pretensión que se ejercite, pero no obliga, a su vez, a ejercitar todas las acciones que puedan derivarse de una relación jurídica, imponiendo una legalmente inexistente acumulación obligatoria de acciones.

Lo que en ningún caso impone ese precepto legal es una acumulación subjetiva u objetiva de acciones, que según los artículos 72 y 73 dela LECfuera de los casos legalmente previstos sigue teniendo un carácter facultativo.- En definitiva lo que el juez de instancia hace en la resolución apelada es obligar a una acumulación subjetiva de acciones quela Leyno prevé”.

Finalmente, respecto a si el demandado tiene carga de reconvenir a efectos de que no le afecte la cosa juzgada del art. 400, el Auto de la Audiencia Provincial de Girona nº 62/2005 (Secc. 2ª), de 6 abril, Recurso de Apelación nº 63/2005 (Pnte: José Isidro Rey Huidobro) : en el primer procedimiento, el actor formuló demanda contra su ex pareja solicitando el cumplimiento de lo pendiente de un contrato liquidatorio firmado por ambas partes, al finalizar una relación de convivencia “more uxorio”.

Después se solicita por la parte demandada principal la declaración de nulidad y subsidiariamente la rescisión por lesión del contrato cuyo cumplimiento se solicita en el primer procedimiento, en que la demandada y ahora nueva parte actora, había reconvenido sin cuestionar la validez de dicho contrato, que “ex novo”, y en contradicción con la posición reconvencional, pretende anular o rescindir.

Consecuencia: preclusión de todas las posibles “causae petendi”, en que pudiera fundamentarse la pretensión de tutela de la reconviniente, al ser, como lo eran, conocidas y podían invocarse al tiempo de formular la reconvención, además de calificar la conducta procesal de verdadero fraude de ley.

En una postura diametralmente opuesta, el Auto dela Audiencia Provincialde Barcelona nº 156/2004 (Sección 17ª), de 15 noviembre, Recurso nº 592/2004 (Pnte: Amelia Mateo Marco):

FJ 2º: “El art. 400 LEC impone a los litigantes la carga de alegar todos los hechos y fundamentos jurídicos en que puedan fundar sus respectivas pretensiones, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso posterior, de tal modo que a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y fundamentos jurídicos alegados en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste.

Ello no alcanza sin embargo a la formulación de una reconvención. La reconvención no es una carga sino una facultad que tiene el demandado de aprovechar el procedimiento en el que ha sido demandado para poder a su vez ejercitar las acciones que tenga contra el demandante siempre que se cumplan los requisitos de admisibilidad que establece la Ley. Porello, no puede admitirse la tesis del apelado de que si Promociones no formuló reconvención en su momento no puede ahora formularla y se debe mantener en cualquier caso la resolución apelada.”

O el reciente Auto de 6 de octubre de 2006, secc.17 ª, dela Audienciade Barcelona (Pnte: Mª. Dolors Montolío):

FJ 2º:  “El juzgado [de primera instancia] realiza una interpretación del apdo.2 del art. 400 dela LECque le lleva a extender los efectos de la litispendencia y de la cosa juzgada a aquellas cuestiones no examinadas respecto al fondo por razones puramente procesales por considerar que el entonces demandado podía y debía de haberlas formulado por vía reconvencional. En definitiva, entiende que, pese a que no se puedan examinar en aquel procedimiento las cuestiones que en oposición a la demanda planteó el entonces demandado por el hecho de haberlas planteado como simple oposición, se tiene que apreciar igualmente respecto a ellas la litispendencia porque debían haberse planteado por vía reconvencional. El Juzgado hace una interpretación del art. 400.2 dela LECque no puede ser compartida por este Tribunal.

El art. 405 dela LECobliga al demandado a exponer en la contestación a la demanda los fundamentos de su oposición, oponiendo todas las excepciones procesales y materiales que quiera alegar incluso aquellas que pongan de relieve todo aquello que impida la válida prosecución y finalización del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

(…) Lo que no impide este artículo es que el demandado pueda reservar las acciones que tenga contra el demandado para poderlas ejercer en otro procedimiento.

(…)La única consecuencia de aquella decisión de no hacer uso de la posibilidad que le concede el art. 406 dela LECes impedir que pueda obtener la acumulación de procedimientos (art.78 dela LEC)”.

III.- Conclusiones

Como se ha visto, el art. 400 LEC da lugar a diversas e incluso contrapuestas interpretaciones, que en nada facilitan la tarea del operador jurídico, que tendrá que enfrentarse a la dicotomía de formular bien todas las acciones que tenga contra un sujeto a la hora de demandarle –  o a la hora de contestar a la demanda mediante la formulación de reconvención – o bien en confiar que la posibilidad de reservarse las pretensiones para posteriores pleitos en nada quedará afectada por la institución de la cosa juzgada material (o litispendencia).

Asimismo, se puede observar que todavía planea sobre nuestra práctica procesal el fantasma de la discusión centenaria entre partidarios de la denominada “Teoría de la Sustanciación” y los de la “Teoría de la Individualización”, considerando los primeros que la causa petendi está formada únicamente por el elemento fáctico (aportación de los hechos), y los segundos que además del elemento fáctico también incluye el elemento jurídico o normativo (la calificación jurídica que la parte realiza de esos hechos y las normas citadas).

La trascendencia de la postura que se adopte se refleja en dos aspectos: 1º) respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, a la hora de aplicar los principios procesales de “Da mihi factum dabo tibi Ius” más “Iura novit Curia”; y 2º) respecto al alcance de la cosa juzgada, pues como hemos podido ver, si se entiende que lo determinante son los hechos aportados por las partes siendo tarea del juzgador su calificación jurídica y extracción de consecuencias jurídicas, es lógico que no se pueda alegar esos mismos hechos pero con diferente calificación jurídica en un pleito posterior, ya que opera el efecto negativo de la cosa juzgada; mientras que si se comparte la segunda de las posturas, es del todo permisible otro segundo pleito, pues el cambio de la fundamentación jurídica (punto de vista jurídico) produce un cambio de la demanda[vi].


[i]  DELA OLIVA, “Sobre la cosa juzgada”. Ed. Centro de Estudios Ramón Araces, S.A. Madrid, 1991, p.17.

[ii]  Por todas, S.T.S. de 12-11-01: “La doctrina jurisprudencial se halla recogida en la sentencia de 9 de marzo de 2000 en los siguientes términos: La litispendencia exige identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito en que se alega y otro anterior, como recuerda la sentencia de 2 de noviembre de 1999 que reproduce lo dicho en la de 31 de junio de 1990 con apoyo jurisprudencial anterior y dice, literalmente: es una figura procesal cuya interpretación teleológica coincide plenamente con la de la cosa juzgada, pues no se puede olvidar que la litispendencia es un anticipo de dicha figura procesal de la cosa juzgada, ya que como dice la jurisprudencia de esta Sala, la litispendencia en nuestro Derecho procesal es una excepción dirigida a impedir la simultánea tramitación de dos procesos; es una institución presuntiva y tutelar de la cosa juzgada o de la univocidad procesal y del legítimo derecho de quien la esgrime a no quedar sometido a un doble litigio, y en tal sentido jurisprudencia reiterada exige que, sin variación alguna la identidad de ambos procesos, se produzca en cuanto a los sujetos, a las cosas en litigio y a la causa de pedir. Asimismo, hay litispendencia cuando lo resuelto en la sentencia del proceso anterior es preclusivo respecto al proceso posterior y así lo recoge la sentencia de 14 de noviembre de 1998 con amplio apoyo jurisprudencial al expresar, literalmente: La excepción de litispendencia trata de evitar que sobre una misma controversia, sometida al órgano judicial con anterioridad, se produzca otro litigio posterior con posibilidad de establecer resoluciones judiciales que resulten contradictorias, conforme reiterada y conocida doctrina jurisprudencial, actuando como institución jurídica preventiva y de tutela de la cosa juzgada (S.T.S. de 25-11-1993 y 8-7-1994). Así las cosas también cabe apreciar la excepción cuando el pleito anterior infiere o prejuzga el segundo, ante la posibilidad de dos fallos que no puedan concurrir en armonía decisoria, al resultar interdependientes (S.T.S. 17-5-1975, 22-6-1987, 25-11-1993, 27-10-1995 y 23-3-1996). En todo caso la efectividad de la excepción impone que se trate de pleito efectivamente pendiente anterior (S.T.S. 30-10, 25-11-1993 y 27-10-1995)

A su vez, la identidad de acciones mencionada da lugar a la litispendencia, como excepción procesal, y si uno de los procesos ha terminado por sentencia firme, da lugar a la excepción de cosa juzgada. Así se expresa la sentencia de 13 de octubre de 2000 al decir: Efectivamente, las situaciones de la litispendencia y de la cosa juzgada, se pueden estimar desde un punto de vista técnico como iguales, y únicamente varían en cuanto al alcance cronológico de sus efectos, pues mientras la cosa juzgada excluye la decisión sobre un proceso ulterior al que ya ha sido resuelto por sentencia firme, la litispendencia produce igual efecto mientras el proceso no está finalizado por sentencia o la misma no ha ganado firmeza.”

[iii]  La litispendencia, al igual que la cosa juzgada, cuando es notoria su existencia, en cuanto afecta al inmediato fin del proceso, así como a la seguridad jurídica, y al orden público procesal, debe ser apreciada incluso de oficio por lo tribunales –  Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2004, entre las más recientes.

[iv]  La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1976, con cita en las de 13 de enero de 1928 y 8 de febrero de 1951, señala que la acción no se altera, y por tanto, despliega la cosa juzgada su eficacia, por la nueva circunstancia de que los litigantes aduzcan argumentos o razones que no esgrimieron en el primero (proceso) pero que ya existían en la fecha de interpelación judicial. Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1991 indica que la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan igualmente cubiertas por la cosa juzgada, impidiendo su reproducción en ulterior proceso.

[v]   “El nuevo artículo 400 dela LECivlo que trata de evitar es una práctica ciertamente viciosa y que en ocasiones se producía como era el que unos mismos hechos dieran lugar a una proliferación de procesos judiciales; así por ejemplo, en los supuestos de responsabilidad civil por culpa contractual, extracontractual u objetiva, esas diversas catalogaciones de la culpa deben esgrimirse en la demanda y en un único proceso, de manera que no cabe que una vez desestimado un litigio por considerar que los hechos no son constitutivos de culpa extracontractual, reproducir la pretensión sobre la base de una supuesta responsabilidad objetiva.”

[vi]  Auto dela Audiencia Provincialde Madrid nº 215/2006, sección 10, de 18 de mayo, nº de recurso 846/2005

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